CESM y SATSE cifran en torno a un solo sanitario para atender a cada 100 personas privadas de libertad

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería (SATSE) han explicado cuál es la situación de los profesionales que trabajan dentro de la Sanidad Penitenciaria, cuya competencia sigue pendiente de traspasarse a las comunidades autónomas, y pidieron al Gobierno “soluciones ante el “problema grave” que padecen los médicos y las enfermeras de prisiones, ya que en algunos casos cifran “en torno a un solo profesional para atender a 100 personas privadas de libertad”.

El secretario general de CESM, Gabriel del Pozo, señaló “la situación que viven los profesionales de la Sanidad Penitenciaria”, y recordó que “los privados de libertad no están condenados a no tener el mismo derecho de asistencia sanitaria”. En esta línea, explicó que “hemos pedido soluciones a un problema grave que afecta a la atención de la población reclusa y a la dotación de profesionales médicos y enfermeros en el sistema penitenciario”.

A su vez, Gabriel del Pozo hizo referencia a que “ya el año pasado, solicitamos la misma entrevista con el ministro de Interior y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, en junio, con el secretario de Estado de Función Pública, en julio, y con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, en julio y septiembre, sin obtener ninguna solución, aunque todos compartían el problema”.

Además, el portavoz de este sindicato recordó que “hace apenas unos días se han remitido cartas de manera conjunta por CESM y SATSE a los ministros de Interior, Sanidad y Política Territorial y Función Pública”. Según su exposición, “finalmente, se está gastando más dinero por no destinar más recursos a la población reclusa, que termina siendo trasladada a los centros sanitarios por no haber el suficiente personal en el centro penitenciario. Además, no hay una prevención suficiente en patologías serias”.

Déficit de profesionales

Del Pozo espera que “con el nuevo Gobierno se les faciliten soluciones” y pidió reuniones “para intentar buscar soluciones por ambas partes para estos problemas serios que no se están solventando”. Por su parte, el presidente de SATSE, Manuel Cascos, coincidió con el secretario general de CESM en “el grave déficit de profesionales sanitarios, que, en el caso de las enfermeras y enfermeros, se cifra en torno a un solo profesional para atender a 100 personas privadas de libertad”.

Apuntó, además, Manuel Cascos que “se están viendo obligados a realizar funciones que no les corresponden, como la asistencia de graves urgencias: sobredosis de drogas, intentos de ahorcamiento, autolesiones, cardiopatías isquémicas, insuficiencias respiratorias”, entre otras.

Por otro lado, Cascos señaló que “la modificación del sistema de guardias ha generado una situación ‘caótica‘ que obliga a las enfermeras y enfermeros a estar en una permanente situación de disponibilidad y, en algunos casos, a tener que desplazarse hasta 100 kilómetros cuando son requeridos. Además, no pueden disfrutar, en muchas ocasiones, de los periodos de descanso adecuados después de sus jornadas de guardia”.

A nivel retributivo, el presidente de SATSE apuntó que “las enfermeras y enfermeros también sufren una clara discriminación con respecto a sus compañeros que trabajan en los servicios de salud, al cobrar cerca de 600 euros menos al mes y no tenerse en cuenta tampoco las especiales condiciones de peligrosidad y penosidad que son inherentes a su desempeño laboral”.

Traspaso de la Sanidad Penitenciaria

“Existe, además, una importante discriminación con otros colectivos profesionales del ámbito penitenciario, algunos de los cuales no tienen ningún contacto con los presos, al percibir éstos un complemento específico muy superior al de los enfermeros y enfermeras”, añadió Cascos.

Tanto el secretario general de CESM como el presidente de SATSE insistieron en que “el Gobierno central y los de las comunidades autónomas tienen que llegar a un acuerdo lo más pronto posible para propiciar el traspaso de la Sanidad Penitenciaria, dando así cumplimiento a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)”. Al respecto, recordaron que “se trata de una asignatura pendiente desde hace más de 17 años”.