MEDICA DE VILLANUBLA:»ESTOY SOLA»

«Estoy sola, no sé si aguantaré mucho más»

La única médica que trabaja para los 450 reclusos de la prisión de Villanubla relata para este periódico su agonía tras la jubilación de sus tres compañeros. Pasa consulta de 8 a 15 horas y el resto del día vive pegada al teléfono. «No puedo soltar el móvil»

Su jornada ha comenzado a las ocho de la mañana. Treinta pacientes han pasado por su consulta. Varios catarros, una otitis, un absceso, un esguince, una infección dental, alguna revisión programada, varias urgencias, un informe judicial, un chequeo para abrir la historia clínica a los reclusos que ingresan en el centro penitenciario… La única médica que queda trabajando en la prisión de Valladolid asume hoy en solitario todo el trabajo que hasta hace pocas semanas realizaban cuatro facultativos. Uno de ellos se jubiló el 1 de junio. Otro está de vacaciones y ya no volverá porque en julio alcanza la edad de retiro. Y el cuarto tampoco está previsto:ahora está de baja y es probable que no se incorpore porque a partir de agosto se jubila.

Estando sola asume también las guardias localizadas porque ya no tiene con quien turnarse. Cuando sale de su consulta, a las 15 horas, enciende el teléfono. Y lo mantiene operativo hasta el siguiente amanecer, cuando lo apaga para abrir de nuevo su consulta. «No puedo soltar el móvil; cuando no lo tengo encendido es porque estoy aquí», relata. Veinticuatro horas al día. De lunes a domingo. Sin poder desconectar. Sin moverse de Valladolid.

Especialista en Medicina de Familia, T.P.V., lleva más de quince años trabajando en Villanubla. Al terminar la carrera, hizo el MIR y a continuación se presentó a las oposiciones del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. «En aquella época no había trabajo», recuerda. Había miles de profesionales en paro y ésta era «una vía de fácil acceso» a un puesto fijo. No era como ahora, que la falta de médicos es un problema nacional. Las sustituciones en el sistema público tampoco permitían encadenar largas rachas de cotización. «Te llamaban un día para ir a Villalón, otro para Íscar, unos días sueltos en Navidad o Semana Santa, algún festivo, un puente… podías trabajar en enero y hasta marzo no te volvían a llamar», recuerda.

Su ‘condena’ –la suya y la de los casi 300 médicos con plaza en los centros penitenciarios españoles– es que su puesto dependa del Estado en lugar del sistema sanitario de cada autonomía. Porque las condiciones laborales son distintas. Un médico de prisiones gana de media 1.400 euros menos al mes que otro de Sacyl, las guardias se pagan a la mitad y no tienen acceso a la carrera profesional, indican desde la Plataforma de Sanidad Penitenciaria.

Esta brecha no debería existir porque es consecuencia de un retraso en la aplicación legislativa: en 2003 el Gobierno central aprobó la transferencia del personal sanitario a las comunidades autónomas, prevista en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Pero sólo Cataluña y País Vasco han asumido esa competencia. En el resto de España el personal sanitario sigue dependiendo del Ministerio de Interior. «Llevamos 16 años de incumplimiento», precisan fuentes de la Plataforma.

Esa demora es la razón de que las plantillas médicas en prisiones lleven años en declive hasta el punto de que en Villanubla una única médica atienda los ocho módulos, cuando la relación de puestos de trabajo del centro incluye siete plazas de facultativos. «Estoy sola y no sé si aguantaré mucho más», relata la vallisoletana. Con este panorama, no ha solicitado aún sus vacaciones. El centro penitenciario «ha pedido un médico interino, pero hasta el 1 de julio no va a llegar», explica. En todo caso, ese refuerzo se le antoja insuficiente y «tampoco es la solución», valora.

No puede decirse que este escenario sea consecuencia de causas sobrevenidas. La jubilación de sus compañeros tenía fecha, de modo que la falta de personal «se veía venir y no se han tomado medidas antes de llegar a este momento crítico», cuenta.

La situación «límite» que de Valladolid no es un caso aislado. «En otros sitios están igual o peor; es general de todo el país», añade.

Hace quince años, en España las relaciones de puestos de trabajo estaban al completo, con 500 médicos trabajando en las prisiones. En la última década han salido 125, ya sea por jubilación o porque han pasado a otras entidades sanitarias. Y todo apunta a que el goteo de ‘fugas’ continuará: 97 doctores se retirarán durante el próximo lustro porque hoy tienen más de 60 años. Otros 165 cuentan entre 50 y 60 primaveras. En la cuarentena hay otros 24 facultativos. Y el talento joven se cuenta con los dedos de las manos: sólo diez tienen menos de 40 años.

Las peores condiciones laborales del personal que trabaja en prisiones hacen poco atractiva esta vía profesional en un momento en el que a los facultativos se los rifan en España. Prueba de ello es que desde hace años ni siquiera se cubren las plazas que saca el Ministerio de Interior. En 2017 se convocaron 72 puestos y sólo se cubrieron 24. En 2018 salieron 15 plazas y sólo se presentaron dos a la oposición. El proceso selectivo de 2019 concluyó la semana pasada: para las 35 plazas ofertadas sólo se presentaron doce candidatos, según datos de Instituciones Penitenciarias.

En consecuencia, el cuerpo facultativo continúa mermando. En Castilla y León, 17 de las 51 plazas están vacantes, según la relación de puestos facilitada por el Ministerio de Interior. Y entre las 34 restantes –las oficialmente ocupadas– hay varias personas de baja y jubilaciones previstas a corto. De aquí a un año se retirarán al menos diez médicos, de modo que quedarán 24, la mitad de todas las plazas previstas en las relaciones de puestos de trabajo.

Además, un puñado de funcionarios está preparando su ‘huida’ estudiando las oposiciones que en noviembre convocará Sacyl, con 710 nuevas plazas para Medicina de Familia. «En los próximos dos años se producirá una salida masiva de médicos por su jubilación anticipada y por la insoportable sobrecarga de trabajo», denuncian desde la Plataforma. En su opinión, asistimos a «un desmantelamiento silencioso de la sanidad penitenciaria».

Preocupante perspectiva presenta el caso de Dueñas, con 750 internos. Allí hay ocho plazas pero sólo cinco están ocupadas. Yde esos médicos, uno se puede jubilar ya, otra lo hará febrero y otro en mayo. Los dos restantes están preparando oposiciones para Sacyl. «Es posible que en un año no quede ninguno», alertan fuentes de la Plataforma.

El panorama es poco prometedor también en León, la prisión más grandes de la Comunidad, con 860 internos. Hay cuatro plazas sin cubrir. Y de las cuatro ocupadas, una facultativa está de baja y dos se retiran el próximo año. Es decir, en 2020 sólo quedará un efectivo.

Lo mismo podría pasar en Burgos en un año. Los cuatro puestos están oficialmente cubiertos, pero dos están de baja de larga duración. Y de los dos restantes en activo, uno se jubila en septiembre.
En Soria trabajan dos médicos de 61 años, uno de ellos se retirará en los próximos meses.

Este paulatino adelgazamiento de la estructura médica afecta a la calidad asistencial que reciben los reclusos. En Valladolid, los pacientes potenciales son los 450 internos de la prisión, que conforman una población heterogénea, «como en cualquier otro centro de salud», relata la médica. Sin embargo, presentan mayor prevalencia en algunas patologías. Por ejemplo, las enfermedades infectocontagiosas como el VIH, los tratamientos –conseguidos tras mucho pelear– contra la hepatitis C, los trastornos mentales y metabólicos, la diabetes y las situaciones derivadas del consumo de drogas concentran buena parte de la carga de trabajo en este tipo de consultas.

En Valladolid, la única facultativa en activo no quiere ni pensar en la posibilidad de caer enferma y lleva con profesionalidad y cierta resignación la actual situación. «Tengo mis momentos», cuenta con voz calmada mientras denuncia la «dejadez» de los gestores penitenciarios.

El pendiente traspaso de competencias no sólo afecta a los médicos de familia; también a los psiquiatras, enfermeros, auxiliares y farmacéuticos que desempeñan su labor en las prisiones. En Castilla y León suman 158 profesionales en las relaciones de puestos de trabajo de los ocho centros. Si todas esas plazas estuvieran ocupadas, el coste estimado de esa plantilla ascendería a cinco millones de euros, que es la cantidad que la autonomía debería afrontar para asumir sus nóminas.

Para materializar ese traspaso de competencias es necesario abrir el diálogo entre el Ministerio del Interior y la Junta. El colectivo aguarda «con optimismo» la conformación de un nuevo Gobierno en Castilla y León, explica Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria en la Organización Médica Colegial, dada la «receptividad» que ha demostrado Francisco Igea en el Congreso, hasta ahora responsable de sanidad por Ciudadanos y que, salvo sorpresa, será el próximo vicepresidente de la Junta, donde su partido quiere estar al frente también de la próxima Consejería de Sanidad. «Esperamos que ahora que tendrá responsabilidades de Gobierno demuestre su compromiso», confía Hoyos.

Sistemática negativa a las excedencias

La doctora vallisoletana no descarta en el futuro preparar oposiciones para ‘mudarse’ a Sacyl. O, sin sacar una plaza fija, aspirar al menos a una interinidad indefinida en el sistema público, donde existen vacantes. En ese escenario, tendría que pedir una excedencia voluntaria por interés particular y conseguirla resulta «difícil», cuenta. En los últimos años, Instituciones Penitenciarias está «denegando sistemáticamente» estas solicitudes argumentando que por «necesidades del servicio» no se pueden crear nuevos agujeros en la maltrecha plantilla, explican desde la Plataforma. En ese caso, la única opción es renunciar definitivamente a la plaza, una decisión que sí ha tomado algún compañero. «Pero habiéndo sacado plaza en una oposición, perder la condición de funcionaria, que es una plaza segura, cuando no sabes lo que puede pasar en el futuro…», reflexiona T.P.V.

Autor entrada: Carmen .

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