La Sanidad Penitenciaria exige su «integración inmediata» en
los sistemas de salud regionales
La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) ha hecho público su posicionamiento ante la situación laboral de los sanitarios de este ámbito, en el que reclama «a los responsables políticos de la Sanidad en general y de la Sanidad Penitenciaria en particular, sin excepción, que conocen la situación y conocen el remedio, el cumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad de la Sanidad de 2003, que lleva 16 años sin cumplirse» y que «se proceda a la integración inmediata de la Sanidad Penitenciaria en los sistemas de salud de las comunidades autónomas».
En este contexto, dicha organización señala que apoyan a la Plataforma de Sanidad Penitenciaria y el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria (SPSP), «en las decisiones que hasta el momento han adoptado para luchar por la Sanidad Penitenciaria».
La SESP reitera a todos los responsables políticos que «la única solución al conflicto es el cumplimiento urgente de la Ley y que se proceda a la integración inmediata de la Sanidad Penitenciaria en los sistemas de salud de las comunidades autónomas».
Así, dicha Sociedad recuerda, en la carta abierta remitida a los ministros del Interior y Sanidad y a los consejeros de este ámbito de todas las comunidades autónomas con fecha 24 de enero, que «es absolutamente necesario que se pongan de acuerdo, marquen unos plazos adecuados para las cuestiones técnicas y tomen ya la decisión política de transferir toda la Sanidad Penitenciara a los sistemas de Salud de las comunidades».
Falta de recambio generacional
Por otro lado, la SESP resalta que «las lamentables condiciones laborales del colectivo, fundamentalmente económicas, son la causa de la falta de recambio generacional, del éxodo de profesionales hacia el Sistema Nacional de Salud (SNS) y de la consiguiente insuficiente dotación de las plantillas lo que conlleva unas condiciones de trabajo inaceptables para cualquier profesional».
Asimismo, esta organización matiza que «las mencionadas condiciones de trabajo son incompatibles con proporcionar a la población que atendemos una asistencia sanitaria, no ya de la misma calidad que en el SNS que ni se acerca, sino de una mínima calidad y que, por tanto, se está conculcando el derecho fundamental a la salud de todas las personas privadas de libertad».
Además, la SESP, al igual que la Plataforma y el SPSP, solicita en una carta remitida al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortíz, «la respuesta necesaria y la judicialización de la circular de contenciones mecánicas no sanitarias», tras el informe de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial (OMC), y en la que también exige «la retirada de la mencionada circular».
