Ante la próxima celebración anunciada por Sanidad del Consejo Interterritorial monográfico sobre financiación a las comunidades autónomas, la coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Vocalía de Atención Primaria de la Organización Médica Colegial (OMC), la doctora Carmen Hoyos, ha solicitado a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que incluya en el orden del día de este Consejo el apartado referido a la financiación de la Sanidad Penitenciaria que “aún tiene pendiente de efectuarse de forma real y en paralelo a la transferencia de los servicios sanitarios dependientes de las Instituciones Penitenciarias a los Gobiernos autonómicos”.
Carmen Hoyos
Este llamamiento es compartido junto a organizaciones profesionales, científicas, sindicatos y asociaciones de pacientes vinculadas con las Instituciones Penitenciarias, con el objetivo común de “la rápida integración de la Sanidad Penitenciaria en los Sistemas de Salud de las comunidades autónomas”, recalcó Carmen Hoyos en una conversación con Acta Sanitaria.
Respecto a esta problemática, la coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Vocalía de Atención Primaria de la OMC recordó que “desde la primavera de 2016, se está llevando a cabo un trabajo intenso de concienciación de las fuerzas políticas sobre el incumplimiento de la Ley 16/2003 , de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que ordenaba la transferencia de la Sanidad Penitenciaria a las comunidades”.
En este contexto, Hoyos valoró de forma muy positiva que “hasta la fecha, se ha logrado la unanimidad política, tanto en el Senado, en el Congreso de los Diputados como en los Parlamentos autonómicos sobre la injusticia que se está cometiendo desde el año 2003 con las grandes diferencias asistenciales de estos pacientes privados de libertad, así como en el ámbito profesional sanitario”.
Sin asistencia sanitaria
En concreto, esta facultativa remarcó que las disparidades salariales entre un médico de la Sanidad Penitenciaria y uno perteneciente a un centro de Salud público puede alcanzar “hasta más de los 1.300 euros”. Un aspecto, matizó, que “no es tan llamativo en la Enfermería de las Instituciones Penitenciarias”.
Según los datos consultados por Carmen Hoyos, el 80 por ciento de los médicos que ejercen su profesión en estas instituciones, en el plazo de tres años, se jubilarán y la Administración “no tiene prevista la reposición de personal para estas plazas”, una circunstancia que se une a la baja remuneración de estos profesionales “que tampoco van a querer venir a trabajar” a estos espacios y a que “los que ya están, quieren ya finalizar su vida laboral”.
Frente a este panorama, la coordinadora de la Sanidad Penitenciaria de la Vocalía de Atención Primaria de la OMC destacó que de no efectuarse “de manera inmediata” la transferencia citada, “las personas privadas de libertad que se encuentran recluidas en estos centros se quedarán sin asistencia sanitaria en breve”.
Como ejemplo, Hoyos puso el caso de la Institución Penitenciaria de Ocaña que permaneció más de 20 días sin su médico, “un hecho que no se puede consentir, ya que establece una clara discriminación asistencial con estas personas que no tiene precedentes”.
Sensibilidades de las comunidades
A su vez, comentó que “toda esta información se ha trasladado al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, mediante el envío de una carta, para que tenga presente cuál es la realidad que se vive en la Sanidad de estas Instituciones y sea consciente de las consecuencias graves que puede acarrear a la sociedad”.
Con el fin de informar a los consejeros de Sanidad de cada comunidad, esta representante de la OMC indicó que se efectuaron diferentes reuniones con cada uno de ellos “porque se percibía un cierto miedo ante lo desconocido” sobre todo “por el gasto económico que implica asumir a la Sanidad Penitenciaria” en cada región.
De todas las comunidades, Hoyos puntualizó que resulta llamativa “la falta de respuesta de la Comunidad de Madrid a la invitación para dar a conocer los por menores de este aspecto” o simplemente pude deberse “a que hay poco interés al respecto”. Al igual que “el miedo por asumir competencias que tiene Andalucía, puesto que ya presenta dificultades asistenciales en la Sanidad pública, en general”, añadió.
Sin embargo, la facultativa resaltó la disposición favorable a asumir esta gestión por parte de las comunidades de Navarra, Valencia y La Rioja, “aunque está última tenga reticencias para aceptar las competencias de financiación, en este sentido”.
