Estamos trabajando en la concienciación de la Administración Penitenciaria y los grupos políticos mayoritarios sobre la insostenibilidad de la política sanitaria penitenciaria. El incumplimiento de la Ley General de Sanidad de1968 y de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de 2003 está repercutiendo gravemente en la asistencia que recibe la población penitenciaria, y las condiciones laborales de los sanitarios de dicho ámbito.
Nuestro empeño y el de otros colectivos sensibilizados con esta problemática se ha traducido, en el último semestre del pasado año, en conseguir la unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados y el Senado en instar al Gobierno a que se lleven a cabo de forma inmediata las transferencias de la Sanidad Penitenciaria a las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas. Así mismo se están pronunciando los Parlamentos Autonómicos.
