DRA. CARMEN HOYOS: “A LA PERSONA QUE INGRESA EN PRISIÓN NO SE LE PUEDEN INTERRUMPIR SUS DERECHOS SANITARIOS”

Mañana miércoles se presenta una moción en términos similares a la aprobada por unanimidad el pasado mes de octubre en el Senado para que las competencias en materia de Sanidad Penitenciaria sean traspasadas definitivamente a las CC.AA. La coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la OMC, Dra. Carmen Hoyos, repasa en esta entrevista concedida a “MedicosyPacientes” en qué estado se encuentra la asistencia a la población reclusa y hasta qué punto se está vulnerando sus derechos

-Desde 2003, y pese a estar contemplada en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, la Sanidad penitenciaria sólo está transferida en Cataluña y el País Vasco ¿a qué se debe, desde su punto de vista, ¿a un problema fundamentalmente económico?, ¿a otro tipo de intereses?

-Efectivamente el colectivo de sanitarios penitenciarios llevamos desde nuestro primer congreso nacional celebrado en León en 1993 recordando el incumplimiento de la Ley General de Sanidad de 1986 que determinaba que en el plazo de 18 meses se procediera a “armonizar y refundir la sanidad penitenciaria con el resto de la red pública”, y posteriormente de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud  de 2003 que ordena la transferencia de la Sanidad Penitenciaria a las Comunidades Autónomas y su integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud en el plazo de 18 meses. Del primer pronunciamiento han pasado 30 años y 13 del segundo.

Dicho ordenamiento solo se ha materializado en las dos comunidades autónomas (CCAA) que usted menciona, en el año 2010 en Cataluña y en 2011 en el País Vasco, en las que ha existido un evidente compromiso e interés político. El resto de CCAA no han mostrado tradicionalmente ningún interés al igual que el Ministerio del Interior en dicho cumplimiento hasta la presente legislatura. Es cierto que se ha hablado de trabas económicas para su desarrollo pero en un estudio muy reciente y profundo realizado por el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria se puede demostrar su poco peso argumental amén de que dicho traslado de competencias tendrá que ir apareado con la dotación económica que le corresponda.

-Recientemente, el Senado aprobó por unanimidad una moción presentada por Unidos Podemos con el fin de transferir las competencias en materia de Sanidad Penitenciaria a las CC.AA. ¿Se espera algo similar por parte del Congreso?

-La aprobación de la moción de Unidos Podemos en el pleno del Senado el pasado 16 de octubre por unanimidad de todos los grupos parlamentarios es el reflejo del sentir de todos nuestros representantes políticos que ya han podido masticar la grave problemática que está suponiendo mantenerla en un gueto y su importante repercusión en la salud de la población reclusa.

En el Congreso de los Diputados se presenta mañana 30 de noviembre otra moción en iguales términos que en la Cámara Alta, que esperamos, como no puede ser de otra forma, obtenga el mismo resultado

-La legislación penitenciaria contempla que “a todos los internos sin excepción se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población”. A su juicio, ¿se está cumpliendo la ley? o, por el contrario, ¿existe discriminación hacia la población reclusa en cuanto, por ejemplo, el acceso a tratamientos innovadores?

-Estamos ante una grave situación de incumplimiento legal que ha repercutido en la asistencia que recibe la población penitenciaria. Un ejemplo conocido por la opinión pública en estos últimos años por su repercusión mediática ha sido la negativa por parte de la Administración Penitenciaria a suministrar el tratamiento con los antivirales de última generación frente al VHC a nuestros pacientes argumentando dificultades económicas. Se ha discriminado  sanitariamente a parte de la población por su condición de privado de libertad. Ha sido algo sin precedentes en nuestra democracia que ha supuesto intervención judicial y la necesidad de que la mayoría de las CCAA adquirieran su compromiso frente a dicha problemática hasta su resolución judicial. Pero la resolución no puede ser otra que la continuidad en todos los derechos sanitarios de la persona que ingresa en un centro penitenciario. Y esa es la esencia del mandato legal antes referido, la sanidad pública tiene que asistir a toda la población con equidad. Y esa es por tanto la esencia de la transferencia de la Sanidad Penitenciaria al Sistema Público de Salud. Las Leyes se dictan por algo y para algo, son armas frente a las arbitrariedades.

Se pueden señalar otras muchas discriminaciones como el hecho del aislamiento informático en nuestras consultas que hace que un usuario del Servicio Andaluz de Salud que ingresa por ejemplo en la prisión de Málaga es atendido por un médico que desconoce por completo sus antecedentes clínicos por lo que tiene que iniciar un estudio desde cero. A su salida del centro penitenciario (CP) todo el estudio realizado, que suele ser muy amplio, queda archivado sin pasar a enriquecer la historia clínica comunitaria del paciente ni el beneficio de dichos estudios para la comunidad.

-En la actualidad hay más de 60.000 personas cumpliendo condena en las diferentes prisiones del Estado, muchas de las cuales gozan de muy mala salud ¿Es realmente compleja la atención sanitaria al depender directamente del Ministerio del Interior?

-Los profesionales nos encontramos a diario con multitud de complicaciones en nuestras tareas asistenciales por el hecho de ejercer en una sanidad aislada del resto. El aislamiento informático antes referido es un tropiezo constante, sirva un ejemplo, si solicito una ecografía abdominal a un paciente, escribo en el informe de solicitud que me envíen por favor el resultado por fax, lo que habitualmente no se hace por ser una dinámica “extraña” para el radiólogo y administrativo de radiología. Quedo pendiente de respuesta y normalmente a la semana de ser realizada tengo que llamar al Hospital para solicitarlo no siendo raro tener que enviar consentimiento del paciente para emitir la información. Todo un sinsentido en nuestra década que dificulta y multiplica nuestra asistencia.

Otro hándicap es que los pacientes no tienen continuidad en sus tratamientos farmacológicos al ingresar en prisión, al estar sometidos a una guía farmacoterapéutica distinta a la de su comunidad.

La formación continuada que recibimos por parte de IIPP se resume en un curso  de 2-3 días sobre alguna enfermedad prevalente cada 4-5 años. Nos corresponde a los profesionales “buscarnos la vida” para estar al día en nuestras competencias y sin duda lo hacemos, hecho reconocido en el ámbito extrapenitenciario y de lo que además presumen nuestras autoridades administrativas. Y podría enumerar más y más.

-¿Cuáles son las principales patologías que predominan, actualmente, entre la población reclusa?

-La población reclusa es una población joven, el 71,7% situada entre los 31-60 años, pero que no goza de buena salud como consecuencia del alto porcentaje poblacional que procede del mundo de la droga (76%) y sus consecuencias físicas, psíquicas y penales.

Esas cifras constan en la memoria de Instituciones penitenciarias de 2015 que informa también de una prevalencia de infección por el VHC del 19,5%, de infección por el VIH del  5,4% de los que el 87% están coinfectados por el VHC. Enfermedad Tuberculosa en  1,4 de cada 1000 internos y enfermedad mental en relación con consumo de drogas en 8,8-12,1%.

-En el caso de los médicos que trabajan en estas instituciones ¿en qué situación se encuentran? ¿Hay dotación suficiente de RR.HH. sanitarios en las prisiones?

-La situación en cuanto a RRHH en muchas prisiones es lamentable. Hay multitud de centros penitenciarios que tienen una dotación de personal absolutamente insuficiente aún más complicado en épocas vacacionales o de ausencias por enfermedad lo que obliga a realizar solamente atención de urgencia. Y se agravará en un inmediato futuro dadas las edades muy cercanas a la jubilación que tiene un porcentaje altísimo de nuestro colectivo. En la última convocatoria de plazas para el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria han quedado aproximadamente la mitad sin cubrir dadas las desigualdades laborales que padecemos con el resto de profesionales de Atención Primaria lo que obviamente hace que un médico o enfermero en paro opte por hacer una sustitución, interinidad o prepare unas oposiciones en el ámbito que más le favorece que no es el nuestro.

-¿Existen diferencias llamativas entre CC.AA. en cuanto a las condiciones laborales en las que se trabaja habitualmente?

-Las condiciones laborales de los sanitarios penitenciarios son muy distintas a la de los sanitarios de la Atención Primaria de Salud de las CCAA. Nuestras remuneraciones se sitúan en un 30-40% por debajo de las del Sistema Público de Salud. Las reivindicaciones laborales de nuestros colectivos se discuten en mesas negociadoras en las que constituimos un pequeño corpúsculo, al pertenecer a un Ministerio no sanitario, el Ministerio del Interior. O sea nuestra representación sindical es infinitesimal. En el año 2006 fue necesaria una huelga sin precedentes para dejar de cobrar la hora de guardia médica localizada a 1 euro y la presencial a 6 euros y su equivalente en enfermería. Desde entonces no se ha vuelto a revisar a pesar de lo que dispuso el acuerdo. Nos sentimos perdidos laboralmente en un Ministerio que reúne a personal de seguridad en su mayor parte.

-¿Cómo es el día a día de un médico que ejerce en este ámbito?

-Es una pregunta compleja para exponer de forma breve. La asistencia sanitaria penitenciaria es peculiarmente atractiva para un profesional de la salud. A pesar del maltrato laboral reiterado por parte de nuestra Administración creo que somos un colectivo entusiasta que disfrutamos con lo que hacemos. Y creo que es así porque la mayoría de nuestros pacientes nos devuelven con creces nuestras aportaciones a su bienestar. Suelen ser personas muy deficitarias sanitariamente y en muchos otros aspectos, que  aprecian nuestro trabajo.

El día a día es muy distinto de unas prisiones a otras principalmente en función de las características de la dotación de personal. En las que dicha dotación está equilibrada, se realiza atención a demanda en forma de consultas, y atención programada como seguimiento de las patologías crónicas de los pacientes, lo mismo para médicos como para enfermeros. Junto a ello se realiza la historia clínica completa a las personas que ingresan en el centro penitenciario en las primeras 24 horas, decidiendo, según su resultado.  Si presenta enfermedad infectocontagiosa se someterá a aislamiento sanitario hasta su resolución, si patología física o mental que requiera cuidados especiales se ordena su ingreso en la enfermería del CP para su seguimiento y observación continuada. Si no se detecta problemática de salud que indique lo contrario se informa a la Dirección que puede hacer régimen de vida ordinario.

Es también actividad cotidiana informar, a demanda de autoridades judiciales, sobre el estados de salud de los pacientes para su valoración en juicios y otras vistas así como si se detecta al ingreso, enfermedad mental que ha podido tener relación con el motivo de su detención o en valoraciones sucesivas si esta es  sobrevenida. También valoraciones técnicas sobre inconvenientes sanitarios o no para el cumplimiento de sanciones disciplinarias, informe a la Dirección del CP y afectados sobre lesiones que presente el internado, etc. Se dice coloquialmente que “en una prisión nada funciona sin la firma del médico”

-Como responsable de Sanidad Penitenciaria de la OMC ¿podría explicar qué labor está desarrollando la corporación en la defensa de los profesionales que se ocupan de este tipo de asistencia?

-Tengo que decir que en los cuatro años que llevo trabajando en la vocalía de AA PP de la OMC y en los dos como responsable de Sanidad Penitenciaria de la misma ha sido unánime el apoyo por parte del presidente Dr. Juan José Rodríguez Sendín y por el vocal nacional de la misma Dr. Antonio Fernández-Pro Ledesma.

Iniciamos, junto con la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria una campaña de concienciación política para que se concluyera el mandato legislativo antes expuesto y que fueran conscientes de la traducción que sus votaciones y posicionamientos  tienen en la salud de las personas privadas de libertad y en las condiciones laborales de los profesionales.

He de decir que hemos sido recibidos por todos los grupos parlamentarios de Senado y Congreso con absoluta cordialidad demostrando un gran interés en nuestra problemática y con verdadero empeño en su resolución.

Junto a ello han sido muchos los colectivos ciudadanos que han seguido y siguen nuestro trabajo y que están agradecidos a nuestra Organización Colegial. Me siento muy orgullosa de ello.

Nos sentimos muy satisfechos con la votación unánime del Senado y esperamos el mismo resultado en el Congreso de los Diputados el miércoles 30 en la Comisión de Interior. Junto a ello se han presentado proposiciones no de ley en prácticamente todos los Parlamentos Autonómicos que están siendo aprobadas por unanimidad.

Este resultado no es vinculante pero sí  de vital importancia en el impulso político-administrativo para llevar a cabo el proceso transferencial. Seguiremos trabajando intensamente en dicho proceso.

-Finalmente, ¿por dónde cree que pasa la modernización y normalización de la Sanidad penitenciaria?

-Sin lugar a dudas por la integración de la Sanidad Penitenciaria en el Sistema Público de Salud de las CCAA. El sistema de convenios utilizados hasta estos momentos se ha traducido en una clara discriminación asistencial de la población penitenciaria con la que muchos  colectivos sociales se han solidarizado. La población penitenciaria sería sanitariamente un todo continuo con el resto de la sociedad a la que no olvidemos pertenecen.

Y en relación a los profesionales sanitarios, la integración supondría que formaríamos parte de los colectivos sanitarios de la atención primaria de salud comunitaria, participando en la toma de decisiones sobre la misma y dejando de ser colectivos minoritarios en las mesas de negociaciones de nuestros derechos.

Autor entrada: sesp